Los desafíos ambientales de México en el 2019

Los desafíos ambientales de México en el 2019

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió prohibir el uso de los transgénicos en México, pero está pendiente la regulación del uso de agrotóxicos, la discusión de la Ley de Biodiversidad y una iniciativa de Ley ciudadana que busca evitar la privatización del agua.

Pablo Hernández Mares,

  • El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió prohibir el uso de los transgénicos en México, pero está pendiente la regulación del uso de agrotóxicos, la discusión de la Ley de Biodiversidad y una iniciativa de Ley ciudadana que busca evitar la privatización del agua.
  • También anunció que no permitirá el fracking, por eso expertos y ambientalistas esperan por una norma que garantice lo prometido, sobre todo porque en el presupuesto 2019 de la empresa estatal de petróleo se contempla la exploración de no convencionales.
  • Bajo la lupa están dos proyectos de gran envergadura, la construcción de una nueva refinería y del conocido Tren Maya, por la necesidad de realizar una consulta previa, libre e informada, y vigilar posibles daños ambientales a ecosistemas sensibles.

Cada nuevo año trae consigo diferentes desafíos. Mongabay Latam escogió cinco temas que estarán en el centro del debate ambiental durante 2019 en México.

1. ¿Normas que verán la luz en el 2019?

Las tortillas de maíz son el alimento básico en la dieta de los mexicanos, quienes consumen en promedio entre 300 gramos y medio kilo de este grano al día. Aunque México es el país de origen del maíz, importa al menos 8 millones de toneladas al año desde Estados Unidos, donde el 70 % es genéticamente modificado.

Así, 9 de cada 10 tortillas que se comen tienen rastros de maíz transgénico, como demostró un estudio científico dirigido por María Elena Álvarez-Buylla, recientemente designada como Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y reconocida por su defensa de las variedades nativas de maíz y su oposición a los cultivos transgénicos.

En México, está prohibido el cultivo de maíz transgénico para su uso comercial y actualmente hay una suspensión legal al respecto, sin embargo, entre 2009 y 2013 se permitió la siembra experimental de este cereal, por lo que algunas organizaciones que se oponen a estas semillas genéticamente modificadas temen que se hayan contaminado las variedades de maíz nativo.

Maíz nativo
Maíz nativo. Foto: Cortesía de Alfred Schrock en Unsplash.

En su arenga a los mexicanos el día de su toma como nuevo presidente, López Obrador aseguró que protegerá la diversidad biológica y cultural de México por medio de prácticas agroecológicas que aumenten la productividad sin dañar a la naturaleza, que no se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas.

Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace en México, quien aplaude los dichos del presidente, le dijo a Mongabay Latam que esta promesa debe plasmarse en la legislación a través de la reforma a la Ley de Bioseguridad para que se prohíba expresamente la siembra y uso del maíz transgénico en México.

Sin embargo, hay algunos científicos que no ven a los organismos genéticamente modificados como una amenaza. Luis Figueroa, experto del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ), considera que los seres humanos han modificado genéticamente distintas especies, entre ellas el maíz, “lo que hace la ingeniería genética es exactamente lo mismo, pero con herramientas moleculares”, argumentó.

El especialista en bioética aseguró que queda poco tiempo para tomar una definición respecto a la Ley de Bioseguridad y resaltó la importancia de producir organismos genéticamente modificados que puedan soportar temperaturas más altas o más bajas para hacerle frente al cambio climático.

Greenpeace, una organización de activismo ambiental, mantiene su postura de rechazo absoluto a las herramientas biotecnológicas, como la edición genómica con fines agrícolas. Esta polémica ley que despierta expectativas muy distintas en dos sectores especializados de México deberá ser aprobada este 2019.

Pero hay otras normas pendientes. En el estudio realizado por la actual directora del CONACYT también se encontró que una de cada tres tortillas que se consumen tienen rastros de glifosato, un herbicida tóxico asociado a afectaciones a la salud de las personas y a la mortandad masiva de insectos, como las abejas.

Este año se discutirá una propuesta de legislación para el uso de los llamados agrotóxicos. “En México están permitidos 80 pesticidas y herbicidas de altísima toxicidad, con implicaciones para la salud humana, prohibidos en la Unión Europea”, mencionó a Mongabay Latam Leticia Merino Pérez, Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la línea de normas por aprobarse este año está la Ley General de Biodiversidad, una nueva legislación que busca sustituir a la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Hesiquio Benítez Díaz, Director General de Cooperación Internacional e Implementación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) lamentó en una entrevista con Mongabay Latam que no se aprobara esta ley, porque sin ella se mantiene un vacío legal para aplicar el protocolo de Nagoya, un mecanismo internacional para el acceso a los recursos genéticos que contempla una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de estos.

Si bien el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) también espera por la aprobación de la Ley General de Biodiversidad, considera que esta aún no está completa. Sostiene que es inadecuada en cuanto a la incorporación del Protocolo de Nagoya, debido a que el concepto de protección es subjetivo y deja vacíos jurídicos. El CEMDA, en términos generales, considera prematuro legislar sobre recursos genéticos.

2. Los últimos días del Fracking

El estado norteño de Tamaulipas es uno de los lugares con más proyectos de fracking en México. De acuerdo a la Alianza Mexicana contra el Fracking, hasta 2015 había 100 pozos para la extracción de petróleo y gas natural atrapados en las lutitas, formaciones rocosas poco permeables que requieren de la utilización de la fractura hidráulica, de la inyección de agua y del uso de productos químicos para extraer los hidrocarburos.

“Las personas que se oponen a estos proyectos están amenazadas de muerte. Afortunadamente el presidente hizo el llamado a la prohibición del fracking”, dijo aliviada Leticia Merino Pérez, catedrática de la UNAM.

Frente a miles de personas reunidas en la plaza pública principal del país, el mandatario mexicano prometió que no se permitirá el uso de métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como es el caso del fracking.

Miguel Ángel Mijangos Leal, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) le dijo a Mongabay Latam que la promesa de prohibir el fracking es una buena señal por parte del nuevo gobierno, ya que esta técnica ocupa grandes territorios y contamina el agua, lo que ha provocado el desplazamiento forzado y el despojo de comunidades.

Para Mijangos esta promesa, además, no representa un riesgo político ni un costo financiero significativo para el gobierno, pues el fracking es una actividad relativamente nueva en México y no tiene aún la fuerza de la industria petrolera o de la actividad minera. “Qué bueno que se prohíba el fracking, ojalá que todo el territorio mexicano sea libre de la minería”, sentenció.

Desde Greenpeace en México califican esta medida como positiva, sin embargo, a través de su director Gustavo Ampugnani, insisten en que esta promesa debe materializarse en una legislación que garantice realmente la prohibición de la técnica de la fractura hidráulica.

La Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente (AIDA) compartió en su cuenta oficial de Twitter, tras el anuncio de López Obrador, que la decisión de cancelar las licitaciones de fracking por parte del nuevo gobierno de México fue la correcta.

fracking
Imagen de un proyecto de fracking. Foto: cortesía de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

En la misma línea está la Alianza Mexicana contra el Fracking que ha denunciado que esta práctica de extracción amenaza las fuentes hídricas, pues cada pozo demanda entre 9 y 29 millones de litros de agua. Por eso si bien aplauden la decisión tomada por el presidente de México, demandan que este plasme “la prohibición de esta práctica en la ley” y que se materialice a través de una reforma en la Ley de Hidrocarburos o expidiendo una Ley General de Prohibición de la fractura hidráulica.

Claudia Campero, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, le dijo a Mongabay Latam que López Obrador ha sido muy cuidadoso de no decir explícitamente que se va a prohibir el fracking, “siempre ha dicho: ‘no se va a realizar’, que es un avance, aunque es insuficiente porque eso no garantiza que esta práctica no se lleve a cabo en otro sexenio”.

La cancelación el año pasado de la ronda 3.3, un concurso donde se otorgarían contratos de licencia para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales en tierra a empresas nacionales e internacionales, que significaba el uso indispensable del fracking, es un paso importante para detener esta tecnología. Ahora las organizaciones ambientales esperan este año que la prohibición anunciada por el presidente se materialice en la legislación mexicana.

Sin embargo, pese a la promesa del nuevo presidente, se supo a inicios de este año que la subsidiaria Pemex Exploración y Producción tiene aprobado en su presupuesto para 2019 casi 200 millones de dólares estadounidenses para evaluar lugares donde, principalmente, se requiere de la técnica del fracking para la extracción no convencional de aceite y gas en lutitas.

3. Aguas ¿para todos?

La gestión del agua es una de las tareas pendientes en México. De acuerdo con la Agenda Ambiental 2018, elaborada por el Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, el agua que se extrae del subsuelo es más del doble de la que se infiltra y en el 2016 se registró una sobreexplotación de 5631 millones de metros cúbicos.

Además, 71 % del volumen concesionado no cuenta con medidor y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) solo ha sido capaz de inspeccionar el 1.7 % de las 300 concesiones de aguas subterráneas adjudicadas por el Estado.

Frente a este escenario tan complejo surge la propuesta de la Ley General de Aguas, una iniciativa ciudadana que se presentará en febrero de este año, que propone que las comunidades y ciudadanos tengan acceso equitativo a un agua de calidad y más responsabilidad en el manejo sustentable del agua. Esta normativa desarrollada por la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida, integrada por investigadores, pueblos originarios, organizaciones de la sociedad civil y sistemas comunitarios de gestión del agua, entre otros, contempla también la creación de un organismo fiscalizador como la Contraloría Social del Agua —que tendría presencia a nivel nacional, de cuenca y municipal para sancionar a los malos funcionarios que incumplan la ley, indica un comunicado de la Academia Mexicana de Ciencias.

La Ley General de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, garantiza el acceso al agua solo a quienes pueden pagarla, por medio de concesiones otorgadas a privados. “La iniciativa ciudadana que se presentará en febrero impacta directamente los intereses de grandes mineras y corporaciones, porque se trata de una propuesta de ley que privilegia los derechos humanos y el acceso justo al agua”, indica Merino Pérez, quien aseguró que los grupos urbanos y rurales cada vez tienen un acceso más limitado al agua.

Para María Elena Álvarez-Buylla, directora general del CONACYT, “el buen gobierno del agua es, sin duda, una de las prioridades, lo que incluye saneamiento y recuperación del agua para que el pueblo de México tenga acceso universal a ella”, indicó durante la Reunión Nacional por el Buen Gobierno del Agua realizado los días 17 y 18 de septiembre de 2018.

Por su parte, Gloria Tobón de Garza, de la organización Agua para Tod@s, Agua para la Vida, le dijo a Mongabay Latam que es importante revisar las concesiones que se han otorgado, “hay personas que solicitaron la concesión hace años, no la utilizan y están vendiendo caro sus derechos de uso de agua”.

Luego de dos intentos por llegar a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador obtuvo el respaldo de 30 millones de votantes, a quienes les prometió públicamente que en su mandato se evitará la contaminación del suelo, agua y aire, y se protegerá la flora y la fauna, además que no se privatizará el agua. ¿Podrá lograrlo?

Arturo Gleason, director del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua A.C., le dijo a Mongabay Latam que el cuidado, conservación y restauración del ciclo del agua está ausente en el debate y la agenda pública de la gestión del agua en México, “siendo un sistema tan importante, carecemos de su monitoreo, no sabemos con claridad cuánta agua entra a las cuencas, cuánta agua escurre por ríos y arroyos en tiempo real, el sistema de información meteorológica es muy deficiente”.

Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara, argumenta que, por ejemplo, los megaproyectos de infraestructura como las presas o las plantas de saneamiento de agua se deciden sin información suficiente y solo enriquecen a las constructoras, pero el mantenimiento de estas obras no se sostiene por los pocos recursos que destinan los municipios.

4. Dos ambiciosos megaproyectos anclados al pasado

López Obrador, oriundo del sureño estado de Tabasco, tiene una larga historia asociada a los pozos petroleros. Luego de alegar fraude en las elecciones a la gubernatura de 1994, a modo de protesta bloqueó con un grupo de simpatizantes las instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX), empresa estatal que permite la participación de capitales privados en algunas de sus actividades desde la reforma energética de 2013. Dos años más tarde, también paralizó las instalaciones petroleras en Tabasco para exigir la indemnización de 40 000 campesinos y pescadores afectados por las actividades de la empresa estatal.

Ahora, cuenta con el mayor respaldo popular que haya tenido un presidente desde el general Lázaro Cárdenas, quien nacionalizó el petróleo 80 años antes, en 1938, y es una de las cinco figuras emblemáticas a las que apela el actual gobierno.

El Líder del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) ha dicho que la producción petrolera de México es de apenas un millón 800 mil barriles diarios, cuando debería de ser de 3 millones de barriles diarios, cifra que existía antes de la reforma energética de 2013, impulsada por la administración de Enrique Peña Nieto.

Tren Maya
Imagen del proyecto oficial del Tren Maya obtenida de www.tren-maya.mx

De acuerdo con López Obrador, la rehabilitación de seis refinerías existentes y la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, tiene el objetivo de producir en tres años toda la gasolina que se consume en México y dejar de importar a países extranjeros.

La Secretaría de Energía (Sener) informó que esta nueva refinería tendrá un costo de más de 7700 millones de dólares y aseguró que será autosustentable, tendrá eficiencia energética y respetará el medio ambiente de acuerdo a estándares internacionales.

Sin embargo, el CEMDA presentó el 16 de noviembre una denuncia ante la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA), en contra de PEMEX, por los daños ambientales ocasionados durante el desmonte de la vegetación, ya que la zona desmontada corresponde a un área prioritaria de conservación.

Gustavo Alanís, Director del CEMDA, le dijo a Mongabay Latam que no tratan de echar abajo los proyectos del nuevo gobierno, sino que se hagan cumpliendo con el marco jurídico ambiental.

“Estamos hablando de una selva secundaria media y una zona con manglar, por lo que estamos posiblemente ante la presencia de la comisión de delitos ambientales ya que el código penal federal establece hasta 9 años de prisión al que ilícitamente desmonte o destruya vegetación natural, cambie el uso de suelo forestal o dañe manglares”, advirtió Alanís.

El 4 de diciembre, autoridades de la ASEA inspeccionaron el lugar y encontraron que no se cuenta con las autorizaciones necesarias por lo que pidieron se detenga el desmonte del lugar. Además, como ya se dañó la zona, se pide un estudio de daño ambiental en el que se analice y determine el impacto ocasionado. La política energética mexicana versus el respeto de los estándares ambientales es uno de los temas que estará en agenda este año, sobre todo, ante los primeros problemas registrados en la construcción de la nueva refinería.

Por otro lado, está la promesa número 68 de las 100 que hizo el mandatario mexicano en su primer día de gobierno: el famoso Tren Maya. Esta obra de gran envergadura demandará la construcción de 1500 kilómetros de vías que cruzarán los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y por supuesto, Tabasco.

A pesar de la oposición de organizaciones ambientalistas como Alianza Jaguar y comunidades indígenas, López Obrador ha negado reiteradamente que se vayan a generar daños ambientales durante la implementación del Tren Maya: “No se va a tirar un solo árbol, no se permitirá ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte el medio ambiente”, prometió.

Gustavo Ampugnani de Greenpeace en México indicó que el mayor reto para esta nueva administración será conciliar el deseo de desarrollo económico y elevar la calidad de vida de los sectores más postergados del país con la protección del medio ambiente y los proyectos de infraestructura.

Los expertos ambientales consultados por Mongabay Latam exigen que el gobierno mexicano no evada su responsabilidad y realice los estudios de los posibles impactos ambientales, así como la consulta previa, libre e informada a las comunidades que podrían verse afectadas, como lo establece el Acuerdo de Escazú firmado en septiembre.

5. Defensores sin defensa

En el sitio oficial del programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente se señala que entre 2002 y 2013, 908 personas murieron defendiendo el medio ambiente y la tierra en 35 países. El 60 % de estos crímenes contra defensores ambientales ocurrieron en América Latina y el Caribe, una región rica en recursos naturales que sigue ocupando el primer lugar entre las más peligrosas del mundo para estos activistas.

Entre las 100 promesas que hizo el primero de diciembre el nuevo presidente de México está que se cancelarán las acusaciones penales fabricadas en contra de activistas y luchadores sociales, una de las formas como el gobierno anterior criminalizó la protesta social en el último sexenio.

12 ambientalistas fueron asesinados en los primeros 10 meses del año . De estos, 9 eran indígenas que defendían sus tierras de proyectos extractivos como la minería o de otras actividades comerciales que consideraban para su operación la deforestación del bosque.

Global Witness
Foto referencial: Global Witness.

Ben Leather, encargado de la campaña de defensores de la tierra y del medio ambiente de Global Witness, una organización internacional con 25 años que ha expuesto la relación entre los intereses económicos detrás de conflictos y abusos ambientales, le dijo a Mongabay Latam que durante el año los defensores fueron víctimas de amenazas de muerte, hostigamiento, ataques y criminalización.

Las amenazas que enfrentan los defensores de la tierra y el medio ambiente son problemas que el presidente López Obrador debe resolver de inmediato. “El miedo y el asesinato son el precio que se paga por defender la tierra y los derechos en México. Es deber del nuevo gobierno cambiar esa realidad”, advirtió Leather.

Fabiola Vite Torres, coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, una organización dedicada a la defensa de la tierra y los territorios indígenas, le dijo a Mongabay Latam que el Mecanismo de Protección para los defensores de los derechos humanos se declaró insolvente para protegerlos, además que siempre ha tenido deficiencias de respuesta ante las violaciones de derechos humanos de los activistas, aunque consideró que la nueva administración federal ha escuchado e implementado las sugerencias de organismos de la sociedad civil.

Publicado originalmente en Mongabay Latam el 8 de enero de 2019